Por Ernesto Piedras, Laura Rodriguez, Ariadne Rivera / Nomismae Consulting vía Boletín Electrónico
El día 7 de junio ha sido designado por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) como el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, con el objetivo de generar conciencia de su impacto negativo, de combatir el fenómeno y de sensibilizar a los agentes económicos acerca de los efectos perniciosos de los mercados ilegal e informal. Si lo logra o no, este esfuerzo amerita la reflexión acerca del fenómeno.
En principio este día invita a pensar en el papel que juega la propiedad intelectual en la operación de las economías contemporáneas. Como en otros siglos y décadas jugaron un papel central insumos como los minerales, el petróleo y otros recursos naturales. Hoy día el insumo económico de la creatividad detona una cadena económica que en países como México alcanza el 7.4% del Producto Interno Bruto, más de dos millones de empleos directos e indirectos con una productividad dos veces superior a la promedio nacional y, además, una importante generación de divisas, entre muchos otros efectos económicos y de desarrollo.
Más allá de la noción romántica del anhelo infantil de ser piratas, el vocablo actualmente está centrando en la violación a un derecho fundamental, el de la propiedad intelectual, tanto de patentes como de derechos de autor. Así es como esta fecha, más que un festejo es un llamado de atención.
La falsificación y violación al derecho de autor forman parte de aquello que conocemos como Economía Sombra. La economía sombra en México, concepto que hace referencia al cúmulo de bienes y servicios informales e ilegales que no son detectados por las mediciones oficiales, generaba cerca de una cuarta parte del PIB mexicano en 2013, es decir, del total de bienes y servicios producidos y consumidos en el país durante todo el año.
En el campo de las industrias culturales y creativas, entre los componentes que involucran esta aportación se encuentran actividades como las obras de artistas independientes, la venta de pinturas o artesanías en puestos callejeros, la reventa de boletos para eventos culturales, la reproducción de música en eventos privados, entre muchas otras actividades.
Estos bienes y servicios no generan una aportación al fisco ni conllevan acuerdos contractuales que supongan garantías formales para los creadores, generando así una pérdida económica significativa.
Incluso por momentos, la violación al derecho de autor en México es considerada prácticamente como inofensiva. La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, realizada por el INEGI en 2014, señala que la venta de copias de bienes reproducidos ilegalmente es la actividad que recibe menos reacción por parte de los vecinos de colonias. Tan sólo 12.3% de dichos casos son atendidos, mientras que 31.2% de los problemas de ruido, 32.7% de discusiones entre vecinos, y 50.6% de peleas entre pandillas son revisados.
Dado que el insumo esencial de la cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas es la misma creatividad, si no se respeta su valor intelectual se pone en riesgo la operación y viabilidad de toda la cadena.
Nuestras industrias culturales constituyen por si mismas (más allá de su valor intrínseco en términos sociales y estéticos) un motor de crecimiento económico, como lo refleja su elevada participación en el PIB, y la alta productividad de sus numerosos trabajadores. Con estos resultados, necesitamos como país otorgarle un tratamiento formal. Con reglas de operación claras, estables en el tiempo y conducentes para su desarrollo, su operación se optimizaría en lo económico.
Con todo, viene bien tomar este día, con un tono de alerta y reflexión para recordar la importancia de proteger un recurso esencial para los creadores e innovadores mexicanos, que radica precisamente en la creatividad.
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